El sector privado de Panamá expresó este domingo que teme que se aniquile la actividad minera en el país ante "el giro errático" de las negociaciones del Gobierno y una filial de la canadiense First Quantum Minerals en torno al contrato de explotación de la mina a cielo abierto más grande de Centroamérica.
"Hacemos un llamado urgente a las partes para reconducir la negociación, enfocándose en fórmulas ganar – ganar, a través de las cuales se logre un balance justo que reconozca al Estado lo merecido, y a la empresa un beneficio que tome en cuenta las condiciones y los riesgos asociados a la actividad que desarrolla", dijo la Cámara de Comercio, Industria y Agricultura de Panamá (CCIAP).
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La mina a cielo abierto Cobre Panamá pertenece a la Minera Panamá, filial de la canadiense First Quantum. El contrato ley que dio vida en 1997 a la concesión, entonces de otra empresa, fue declarado inconstitucional en el 2018 por la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
El Gobierno del presidente Laurentino Cortizo comenzó a negociar el nuevo contrato ley en septiembre de 2021 y en enero pasado anunció un acuerdo con Minera Panamá que incluía elevar de 2 % a entre 12 % y 16 % las regalías y la garantía de un aporte anual mínimo al Estado de 375 millones de dólares, "10 veces más" de lo que ha aportado la empresa anteriormente, entre otros.
Esta semana el Ejecutivo denunció el estancamiento de las negociaciones y dijo que "procederá con medidas alternas para la operación de la mina" si la empresa no firma a más tardar el próximo 14 de diciembre "un acuerdo con respecto a la mina de Cobre Panamá", el plazo que ya había establecido el Ejecutivo el mes pasado.
"Cualquier contrato nuevo debe reflejar fielmente el acuerdo" de enero pasado, indicó el Gobierno, que aseguró seguir "comprometido en trabajar" con la empresa "para llegar a una conclusión que beneficie los intereses a largo plazo para Panamá y su pueblo", señaló el comunicado del pasado viernes.
La CCIAP expresó este domingo que ve "con preocupación el giro errático que han tomado las negociaciones" entre el Estado, que "busca obtener los ingresos justos que le corresponden por su recurso mineral" y la empresa, "que hace una década vio a Panamá como un puerto seguro para invertir, realizando la mayor inversión extranjera privada en la historia del país", cifrada en más de 6.000 millones de dólares.
De no reconducirse la negociación se corre "el riesgo de aniquilar una actividad que representa 3,5 % del producto interno bruto (PIB) de Panamá, estando en juego no solo la inversión que el propio Estado promovió, sino el futuro de una actividad económica que, bien desarrollada, puede ser instrumental para los panameños", dijo la patronal.
El gerente en el país de la mina Cobre Panamá, Keith Green, dijo el pasado martes a EFE que las partes seguían "hablando" y que la minera esperaba "llegar a un buen acuerdo, un acuerdo de ganar-ganar por ambas partes".
"Ojalá que así sea", sostuvo Green, quien denegó dar detalles, como si en efecto se firmará algo el próximo 14 de diciembre, por estarse aún desarrollando las negociaciones.
El diario La Prensa informó este domingo que Minera Panamá ha dicho que necesita protecciones especiales en caso de que el precio del cobre disminuya en los mercados internacionales, como ha ocurrido a lo largo de este año.
La mina comenzó a exportar mineral de cobre en junio de 2019. En 2021 el valor de las exportaciones de concentrado de cobre llegaron a 2.813,4 millones de dólares, indicó la empresa, que destacó que, en promedio, este rubro representa el 75 % del valor total de las exportaciones del país.
